• El año que termina mostró importantes avances en la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, aunque disminuyó la participación de la población.
• El desempeño de la economía dominicana se destaca a la cabeza en el continente, tanto por un crecimiento, que ronda el 5%, como por la estabilidad y control de la inflación. El nivel de endeudamiento sigue aumentando.
• Como aspectos negativos del año se destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del poder judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputados.
• La lucha contra la corrupción se ralentizó este año, lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Direccion de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General.
Los dos certámenes electorales que se llevaron a cabo en el 2024 transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente. Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances. La abstención subió, factor que la JCE se ha comprometido a investigar y prestar atención.
El 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06. En relación con los órganos de control interno debemos destacar avances importantes en la labor de rectoría y monitoreo de la Direccion de Compras y Contrataciones.
En cuanto a la institucionalidad democrática, se destaca la aprobación de una reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos periodos. Otro cambio positivo fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional.
Participación Ciudadana lamenta que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, lo que le resta independencia. Tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha.
PC lamenta que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población. Exhorta al gobierno a retomar en el 2025 esta reforma y avanzar en las otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, código penal, y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La importante Ley de Extinción de Dominio, promulgada en el 2022, todavía no ha entrado en ejecución por falta de los reglamentos.
Participación Ciudadana destaca como elementos positivos de año la ratificación del presidente y otros tres miembros de la Junta Central Electoral, la renovación del Tribunal Constitucional y espera que se continúe avanzando, con transparencia y primacía del interés colectivo en la selección de varias posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en la selección del Tribunal Superior Electoral. Con relación a la Cámara de Cuentas, PC expresa la necesidad de que el Congreso Nacional cambie la vieja práctica de distribuir sus miembros por fuerzas políticas o por sectores de interés, lo cual ha hecho un terrible daño a ese importante organismo y lo ha sumido en la inacción.
Al tiempo que se suma a la preocupación por el tema haitiano, PC entiende que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.
Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana.
La economía dominicana retomó en el 2024 su ritmo de crecimiento económico y se espera que termine el 2024 alrededor del cinco por ciento, el mayor de América Latina. La inflación a octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y eficientización fiscal.
Uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables.
En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.
El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.
La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes. En esa perspectiva se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.
Participación Ciudadana reitera su compromiso para el 2025 de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción y, sobre todo, acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones de una mejor vida y en el respeto de sus derechos.
