Por Luis David Flores
Cuando me enteré de la desaparición del periodista Edward Ramírez perdí toda esperanza de que aparecería con vida. El pesimismo se debe a lo que ocurre en la cotidianidad: personas son reportadas desaparecidas y nunca se vuelve a saber de ellas, las autoridades no dan respuestas a las familias y mucho menos las encuentran.
Alexander Sang, Anaury Castillo, y los 1,427 desaparecidos (entre 2020 y 2024) salieron un día de casa y jamás volvieron. Ellos son la prueba de que en República Dominicana la seguridad de los ciudadanos no está garantizada, y si en caso de que alguien desaparezca tampoco tiene la garantía de regresar a salvo, o al menos, vivo.
La desaparición breve, por suerte, de Edward pone en evidencia la incompetencia de la Policía Nacional, porque ante la ausencia del periodista sus familiares lo reportaron desaparecido en la institución, más tarde la misma entidad comunicó que la Dirección Central de Investigación (Dicrim) había activado la búsqueda del periodista, quien salió de su trabajo el miércoles en la noche, pero estuvo recluido por dos días en un destacamento policial de Santo Domingo.
¿Tiene sentido esto? Lo dudo. No es posible que la institución que fue creada para garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas se haya quemado con algo tan básico. Lo lógico sería que cuando una familia reporte a alguien en la Policía, un miembro lo cargue en un sistema, pero también cuando detengan a alguien. Esto habría evitado que activen una búsqueda innecesaria.
El colega permaneció detenido en el destacamento de Naco desde el pasado miércoles hasta hoy, pero ¿sin derecho a una llamada a alguien de confianza? La Ley 6-96 establece que toda persona privada de su libertad por autoridad policial, militar o judicial, tiene derecho a comunicar a sus familiares, amigos o abogados, por vía telefónica u otra vía posible, las circunstancias y sitio de su detención. La violación a este artículo por parte de las autoridades entra en contradicción con el objetivo de la institución que, se supone, debe garantizar el “libre ejercicio de los derechos” de los ciudadanos.
¿Fue incompetencia? ¿Fue negligencia? ¿Con qué argumento nos mareará la Policía Nacional ahora?
