La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresó su firme rechazo a la propuesta del senador Eduard Espiritusanto, de eliminar el aporte fijo de RD$20 pesos por habitante destinado a los ayuntamientos en el marco de la modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y cualquier otro logro en beneficio de la municipalidad.
La institución que agrupa a todos los municipios del país indicó mediante comunicado de prensa, que la propuesta del vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo, va en dirección contraria a los compromisos constitucionales y legales que el Estado dominicano mantiene con los gobiernos locales.
El presidente de la entidad Nelson Núñez, explicó que ese aporte por habitante como una carga adicional para la población, parte de una premisa equivocada, ya que ese pago es realizado por las entidades industriales, comerciales y gubernamentales como parte de sus ingresos, que son deducibles del pago de impuesto sobre la renta y representan menos del 0.35% de sus ingresos.
Asimismo, agregó que suprimir este aporte no alivia la carga de los ciudadanos; por el contrario, priva a los ayuntamientos de recursos que son indispensables para cumplir con sus funciones.
“Fedomu entiende que la municipalidad dominicana merece más financiamiento, no menos. La descentralización real y efectiva del Estado requiere que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para gobernar”, aseguró el también alcalde de Samaná.
Legislaciones como la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, 498-06 de Planificación e Inversión Pública y Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reconoce la autonomía municipal y garantiza su financiamiento para el cumplimiento de sus funciones esenciales.
Se recuerda que el senador Eduard Espiritusanto, sometió una propuesta de modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de sustituir el esquema uniforme de contribución por un sistema proporcional basado en el tipo de actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva. La iniciativa también contempla eliminar el pago de las instituciones sin fines de lucro y suprimir el nuevo aporte fijo destinado a los ayuntamientos.
