Cada semana, República Dominicana se despierta con la misma trágica noticia: una nueva mujer asesinada a manos de su pareja o expareja. Los titulares se repiten con alarmante frecuencia, convirtiendo la violencia de género en una crisis que parece no tener fin.
Lo que alguna vez se llamó amor se transforma en una pesadilla que acaba con la vida de cientos de mujeres cada año. La violencia de género no discrimina, afecta a todas las edades y estratos sociales, y se ha convertido en un problema urgente que exige una mejor atención de las autoridades competentes.
Según datos de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, en 2024 se registraron más de 70 feminicidios en el país. Entre 2019 y 2023, más de 500 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, reflejando una tendencia alarmante que aún no encuentra solución definitiva.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana reporta que el 80 % de los feminicidios son precedidos por antecedentes de violencia, y sin embargo, muchas de estas víctimas no recibieron la protección adecuada a tiempo.
Los casos se repiten con patrones similares: amenazas previas, denuncias desatendidas y un sistema que aún lucha por responder de manera eficaz. La falta de protocolos claros y la revictimización en el proceso judicial contribuyen a la impunidad y al miedo de denunciar.
Cada feminicidio no solo acaba con la vida de una mujer, sino que deja un daño irreparable en su entorno. Se estima que, en los últimos años, más de 1,000 niños han quedado huérfanos debido a estos crímenes. Crecer sin una madre, con el trauma de la violencia, perpetúa un ciclo de sufrimiento y vulnerabilidad.
Además del impacto emocional y social, la violencia contra las mujeres también tiene un costo económico para el país. Según un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la violencia de género le cuesta a la República Dominicana aproximadamente el 2 % del PIB anualmente, considerando los gastos en salud, seguridad, justicia y protección social. Esta cifra revela el peso económico que se suma al impacto humano devastador.
El cambio debe ser profundo y sostenido. Se requiere una combinación de educación, protección y justicia. Algunas acciones clave incluyen:
• Mayor inversión en refugios y programas de asistencia para mujeres en situación de violencia.
• Capacitación de cuerpos policiales y judiciales para atender con sensibilidad y urgencia las denuncias.
• Campañas educativas que rompan con patrones de machismo y violencia en las nuevas generaciones.
• Aplicación rigurosa de las leyes de protección y endurecimiento de penas para agresores.
• Creación de redes de apoyo comunitarias que permitan a las víctimas encontrar ayuda de manera rápida y efectiva.
• Implementación de programas de reeducación para agresores con el fin de prevenir reincidencias.
• Protocolos de atención inmediata para víctimas en riesgo y líneas de emergencia eficientes.
El feminicidio no es un crimen pasional, es la expresión más extrema de un sistema que históricamente ha normalizado la violencia contra las mujeres. No basta con indignarse o lamentar cada caso; es imprescindible actuar. La sociedad dominicana debe exigir un compromiso real de las autoridades y de todos los sectores para erradicar la violencia de género.
Desde los hogares hasta las instituciones, cada persona tiene un papel en esta lucha. Se necesita romper el silencio, denunciar sin miedo y apoyar a quienes están en riesgo. Solo con un esfuerzo conjunto podremos aspirar a una sociedad donde ninguna mujer tenga que temer por su vida a manos de quien dice amarla
