Por Fanny Suero
La República Dominicana es un país de contrastes vibrantes. Tierra resiliente, de mujeres forjadoras y hombres valiosos; de historia rica, gastronomía diversa, playas paradisíacas, música alegre y cultura contagiosa que enamora a propios y visitantes. Pero también es una nación marcada por la inoperancia institucional y la falta de supervisión que se ha instalado como norma.
Aunque se han logrado avances visibles en infraestructura y desarrollo urbano, las tragedias recientes han desnudado una verdad incómoda: vivimos en un país donde se construye más rápido de lo que se regula.Y donde las tragedias son el precio de la improvisación, la falta de supervisión, la corrupción y la ausencia de fiscalización.
Desde el colapso de la tienda Multi Muebles en La Vega, la explosión en San Cristóbal, el derrumbe del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, hasta el colapso del centro nocturno Jet Set en Santo Domingo, el patrón es el mismo: cuando el Estado falla, la vida ciudadana queda a merced de riesgos evitables.
El colapso estructural del emblemático Jet Set, el más reciente de estos hechos lamentables, no solo dejó escombros físicos, sino también profundas heridas en la conciencia colectiva. Lo que para muchos fue un accidente, para otros es la consecuencia directa de décadas de negligencia institucional, tráfico de influencias y permisividad.
No fue el techo lo que acabó con la vida de más de 230 personas. Fue la ausencia de una regulación efectiva, fue la ejecución de una obra sin supervisión rigurosa, con modificaciones no autorizadas y una carga estructural que superaba los límites permitidos. El Estado, llamado a garantizar condiciones mínimas de seguridad, brilló por su ausencia o, peor aún, por su complicidad.
No fueron el concreto ni las varillas las que sepultaron los sueños de cientos de familias. Fue la inoperancia institucional, alimentada por la indiferencia de quienes, teniendo poder para actuar, optaron por mirar hacia otro lado. Cada estructura mal construida, cada permiso otorgado sin rigor técnico, cada estándar evadido representa una decisión política y ética que, cuando se omite, cobra vidas.
No fueron los aires acondicionados, las plantas eléctricas ni los transformadores los que provocaron el desplome. Fue el peso del tráfico de influencias, donde el dinero tiene más poder que las normas. En una sociedad donde lo económico se impone a lo humano, las tragedias no son casualidades: son consecuencias.
Tampoco fue la vibración del sonido lo que derrumbó la estructura, sino la complicidad entre sectores y autoridades. Esa relación perversa en la que se intercambian favores, se silencian alertas y se minimizan riesgos en nombre del lucro. Cuando la codicia sustituye la ética, la seguridad pública se vuelve prescindible.
En el caso del Jet Set, no basta con decretar duelo nacional ni rendir homenajes. Se necesitan responsables identificados, procesados y sancionados. Porque, detrás de cada tragedia prevenible, hay una firma, un sello, una omisión. Y todo eso debe tener consecuencias.
La indignación pública no puede ser pasajera. La justicia no puede seguir siendo simbólica para los poderosos y estricta para los débiles. Este hecho debe marcar un antes y un después en la forma en que se concibe la seguridad de los espacios públicos, la ética en la construcción y el compromiso real del Estado con la vida humana.
