Por: Stephany Almonte
La destitución de Rafael Féliz García como rector del ITLA, formalizada mediante el Decreto 39-26, volvió a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué tan frágil puede ser una carrera pública cuando la decisión política se acelera a partir de una denuncia mediática? El Poder Ejecutivo derogó su designación de 2024, en un contexto marcado por un reportaje televisivo que presentó señalamientos sobre presuntos aportes o descuentos vinculados a un movimiento político, tema que el propio exrector ha rechazado y sobre el que ha pedido que los organismos competentes investiguen.
En lo personal, no me gustó ver cómo, a partir de un reportaje por más impacto y reputación que tenga quien lo hace, se produjo una destitución que, en la práctica, parece haberle cerrado de golpe el camino político a un joven con perfil profesional y proyección. Y aquí conviene ser justos: el periodismo de investigación es vital para destapar irregularidades y exigir transparencia; pero la sanción estatal no debería confundirse con el “veredicto” del prime time.
La democracia se fortalece cuando la denuncia, la investigación y las consecuencias cumplen su orden: primero los hechos verificados por las instancias correspondientes, en este caso el poder ejecutivo; luego las responsabilidades claras.
También es importante mirar el contexto con serenidad. En la vida partidaria dominicana y en casi todos los partidos es conocido que muchas actividades políticas y locales se sostienen con aportes de miembros y simpatizantes, incluidos empleados que militan en esas organizaciones. Ese punto, por sí solo, no puede tratarse como sentencia automática sin distinguir lo voluntario de lo coercitivo, ni sin documentar con rigor cómo operan esas contribuciones y bajo qué normas. Por eso, cuando el debate se reduce a titulares, se abre espacio para decisiones rápidas… y para errores lamentables.
Sobre el tema patrimonial, el propio Féliz García ha defendido públicamente su situación y ha insistido en que no llegó a la función pública a enriquecerse, reclamando que se valore su trayectoria y se revisen los datos con objetividad. Si esas afirmaciones son correctas, el país debería tener la madurez para reconocerlo; y si no lo son, también para sancionarlo con evidencias. Esa es la diferencia entre justicia y LINCHAMIENTO.
De ahí mi análisis final: el periodismo no emite decretos, pero en la práctica puede empujar decisiones que los derogan en horas, sin que el público vea una investigación exhaustiva de las autoridades de control antes de la medida.
El reto no es restarle poder y veracidad al periodismo, sino exigirle el mismo estándar que reclamamos al Estado: precisión, contrastación, derecho a réplica y responsabilidad, porque cuando la política se mueve al ritmo del escándalo, el riesgo no es solo para un funcionario: es para la confianza en nuestras instituciones.
