Nadie tiene derecho a pronunciarse sobre la vida de ninguna otra persona… y menos en términos íntimos. Más grave sin mostrar pruebas; con una intención clara, en términos llanos, de buscar like y “joder”, empañar… dañar. La vida privada es eso, la vida privada. Y nadie, absolutamente nadie tiene derecho en ningún término a cruzar la línea de exponer lo más mínimo sin tu consentimiento.
Desde sus inicios en el Ministerio de Interior y Policía muchos cuestionaron la capacidad de Faride Raful, no por su cualificación sino por el hecho de ser mujer. Ha sido blanco desde entonces de todo tipo de comentarios y su gestión hasta ha sido cuestionada sin aval. Demostró que tiene ovarios y eso a muchos le ha picado. Le ha molestado a todo aquel que apostó a su fracaso, a todo aquel que pensó que al día siguiente tiraría la tohalla; a todo el que cuestionó ese decreto que puso al frente de Interior y Policía a una mujer.
Faride se pronunció sobre el tema con altura, dejando claro que esas fueron declaraciones con segundas intenciones. Y para muestra la ridícula pedida de disculpas que vino después por parte de la madre de la “comunicadora” en cuestión que salió a realizar atribuciones a la ligera sin siquiera pensar que se trataba de la dignidad de alguien.
Esas dos “comunicadoras”, no me mencionaré sus nombres; y prefiero no decir qué me causa el pronunciarlo, deben ir a un profesional de la salud mental. Eso no es comunicación, eso no es periodismo y eso no se puede venir a ocultar detrás de la cortina de la libertad de expresión de la que ahora todos se enganchan.
Espero que esto sirva para regular. Para poner un pare a esta situación que no solo ha afectado a la ministra, también a otras personas que han sido blanco de intentos de manchar su integridad. Toca al Congreso hacerlo y toca a nosotros velar porque se haga. Debe haber régimen de consecuencias, deben exigir sensaciones… es suficiente.