Por: Edgar Raffa
El ejecutivo del presidente Luis Abinader ha iniciado este nuevo cuatrienio enfocado en varias reformas que tienen como objetivo mejorar las instituciones y construir una gestión fiscal y tributaria más equilibrada, sin dejar de lado que tendrá retos aplicarlas.
Lo más reciente es la propuesta de reestructuración de la administración pública, que eliminará, fusionará o suprimirá instituciones con duplicidad de funciones, que tendrían algunas que tener el aval del Poder Legislativo para concretarse. La misma deja interrogante de cómo iniciará. Esta iniciativa busca ahorrar unos 25 millones de pesos en gastos.
La otra reforma esperada y de suma importancia es la fiscal, que tiene el objetivo de reorganizar el gasto, aumentar las recaudaciones y reducir la evasión fiscal, lo que permitirá obtener recursos para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en servicios como salud, educación, seguridad entre otros, y a la vez mejorar la calidad de los mismos.
La misión no será fácil y requerirá de gran consenso para ejecutarse, una muestra de ello es la propuesta de reforma constitucional, que plantea en uno de sus apartados la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, comenzó por 53 y ya la cosa está en 20, pues los legisladores oficialistas se levantaron en una especie de revolución ante dicha presentación.
También está la reforma laboral, que busca mejorar el clima laboral para los empleados e impulsar acciones que consigan alentar a los empleadores. El gran escollo es la cesantía, punto en el que aún no hay acuerdo.
Sin lugar a dudas, estas reformas conducirían al país a estar mejor en un futuro, pero evidentemente tienen que ser llevadas a cabo con tacto y cuidado ante posibles embates. La gradualidad tiene que ser la punta de lanza de las mismas para evitar el caos.
Pienso que ha sido una decisión valiente del presidente y positiva para el porvenir de la nación, pero que deberá manejar con cautela, como si se tratase de caminar en un campo de minas.
