Por: Franiel Genao Núñez
Cada 27 de febrero nos concentramos en las palabras del presidente de turno en el discurso pronunciado frente a la Asamblea Nacional, que palabras más, palabras menos; parece escrito por la misma persona, con un esqueleto que va compuesto de cifras, logros medianos, cifras, mención del pasado en sentido negativo y unas cuantas promesas que fueron hechas dos o tres discursos atrás.
Pero más allá del discurso, que le toca a los actores políticos y a quienes se dedican a la comunicación categorizar, quisiera hacer mención de que ese discurso es solo la introducción a las memorias institucionales que deben entregar el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su revisión y evaluación a través del sistema de fiscalización legislativa que no termina de concretizarse en nuestro país.
Estas memorias disponibles en el sistema de monitoreo gubernamental que coordina el Ministerio de la Presidencia deben contener la ejecutoria de cada institución bajo la responsabilidad del presidente de cara a dos herramientas vitales del Estado, el presupuesto general del Estado aprobado para el año en evaluación y los planes que se supone el gobierno a prometido realizar en ese momento. Esto es lo que se debe evaluar en cada uno de estos documentos que nos permite entender las prioridades reales de un gobierno.
Entre los elementos que podemos ver en estas memorias institucionales están los planes, el presupuesto, las metas y los resultados obtenidos por las 186 instituciones que tiene bajo su mando el presidente de la República para el año en el cual se presentan dichas memorias, por ejemplo para este febrero del 2025, podremos dar un vistazo a las acciones que hicieron las y los ministros, superintendentes, directores y embajadores del gobierno el pasado año 2024.
Esta tal vez puede ser una oportunidad para promover una ciudadanía más activa, si el gobierno y los partidos políticos invierten una considerable cantidad de recursos humanos y materiales para mostrar la utilidades de este tipo de herramienta para la veeduría ciudadana para ir poco a poco construyendo un debate público más rico y constructivo en base a hechos.
